- Entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija se encuentra el cañón del Pilaya, el sexto más profundo del mundo, que será inundado en parte por un proyecto hidroeléctrico.
- Autoridades afirman que la represa beneficiaría con riego a los municipios más golpeados por la sequía, pero expertos ambientales lo descartan.
- Las comunidades temen perder sus tierras de cultivo y ser desplazadas.
Por Jesús Vargas y Luis Alberto Guevara
(Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam, Correo del Sur, Verdad con Tinta y Red Ambiental de Información)
Imponente, atrapante y silencioso con sus 3.030 metros de altura, se levanta el Cañón del Pilaya, el sexto más profundo del mundo, alejado de la mano destructiva del hombre, incluso indivisible por su estrechez para la imagen satelital de Google.
Una maravilla de la ingeniería de la naturaleza. El frío viento que surca por sus montañas advierte al caminante en la orilla del precipicio, mientras la silueta del río Camblaya pasa zigzagueante al fondo del cañón.
En este lugar, que marca el límite entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija, se proyecta construir un megaproyecto hidroeléctrico que provocará, según los ingenieros expertos consultados, la inundación de las tierras cultivables de cuatro comunidades cuya economía se basa en la agricultura. Además, podría poner en peligro a especies amenazadas como osos andinos y cóndores.
La información sobre el impacto ambiental que tendrá el proyecto no ha sido, sin embargo, pública. Nadie sabe con certeza, ni siquiera los habitantes afectados, qué será de sus pueblos y del Cañón del Pilaya.
Comunidades y cultivos bajo el agua
“Muchos comunarios pensábamos que nos estaban midiendo nuestras tierras, algunos creían que era para cobrar impuestos por la cantidad de producción que sacamos al mercado”, cuenta Juan Velásquez, dirigente de la comunidad de Camblaya, sobre el momento en que personal de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) llegó hasta su pueblo a socializar el proyecto. Incluso agrega que algunos comunarios no dieron datos reales de cuántos productos y cosechas sacan por año o cuánto produce cada productor “por miedo” a que les cobraran más.
Pero las mediciones y las encuestas que esas personas habían llegado a hacer nada tenían que ver con impuestos.
Camblaya, en el municipio de Villa Abecia del departamento de Chuquisaca, es una de las comunidades que se vería afectada por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Carrizal que se pretende construir en el río que lleva el mismo nombre del poblado. Sus habitantes temen que sus viviendas, la escuela y el 100% de la tierra cultivable ubicada en las riberas del río Camblaya, queden bajo el espejo de agua de 45 kilómetros de longitud que se formará con el embalse del proyecto. Aunque los temores de Velásquez y de sus vecinos no han sido confirmados por las autoridades, tampoco han sido desmentidos y la incertidumbre aumenta entre los pobladores.
El ingeniero hidráulico, Jaime Villena Morales, quien fue Director del departamento de ingenierías y ciencias exactas de la Universidad Católica Boliviana de Tarija y que debido a su experiencia realizando análisis hidrológicos e hidráulicos fue miembro del Panel de Asesores Para la Investigación en Estructuras e Hidráulica del Departamento de Transporte de Texas (EE.UU), prevé que todo lo que esté por debajo de los 2260 metros pueda inundarse río abajo. Eso incluye a Camblaya, pero también a otras comunidades como Los Sotos, Pioca y Molle Aguada, todas del municipio de Villa Abecia, donde el 30% de las tierras cultivables se inundarían. “Hay que tomar en cuenta, que parte de estas poblaciones se asentaron en llanuras de inundación, sitios que técnicamente no son recomendables para habitar”, indica Villena.
El dirigente de la comunidad Los Sotos, Ciro Renjifo, asegura que “el Gobierno no ha hablado de manera clara”, que no han recibido ninguna información y que nadie les ha dicho qué pasará con aquellos que pierdan sus tierras de cultivo.
Según un documento de consulta pública de Ende, 14 son las comunidades que se ubican dentro del área de influencia del proyecto. De ellas, al menos seis están en la zona del embalse aunque no se precisa cuál será específicamente el impacto en cada una. Sin embargo, la empresa sí reconoce en el documento que el proyecto afectará propiedad privada, infraestructura productiva y actividades de agricultura y fruticultura.
“Aquí sacamos tres cosechas al año en la comunidad de Camblaya, entonces es imposible aceptar la inundación”, dice Velásquez. “Sería como si nos estuvieran quitando el pan de la boca”, agrega.
Según el documento de Ende, para compensar los impactos en los cultivos y áreas de pastoreo se prevé la ‘’reubicación de cultivos, habilitando parcelas productivas en otras áreas de la misma comunidad, barreras de protección previa evaluación técnica, e indemnización previo avalúo técnico’’.
Hasta el cierre de este reportaje, Ende no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico ni a la solicitud de entrevista telefónica.
Un proyecto sobre el sexto cañón más grande del mundo
Según las especificaciones técnicas entregadas por Ende, la represa tendrá una altura de 160 metros y una coronación de 380 metros, que viene a ser el ancho de la parte superior del muro. Tendrá una capacidad de embalse de 1.334 hectómetros cúbicos (hm3), que equivalen aproximadamente a 453 600 piscinas olímpicas, y generará 1.842,8 gigavatio por hora (GWh), lo que equivale a la cuarta parte de energía que consume actualmente el país, aunque la totalidad de ella será exportada.
El proyecto nació en la década de 1980 con estudios que realizó una misión de Japón por encargo del Gobierno Nacional. A partir de ese entonces, se empezó a hablar de él aunque de manera superficial hasta que el 20 de enero de 2011, el entonces presidente Evo Morales Ayma, promulgó una ley que declaraba la “construcción del proyecto múltiple El Carrizal – Sistema de Riego Ivibobo en el departamento de Tarija” como “prioridad nacional y departamental”.
Cinco años después, el 12 de abril de 2016, Ende adjudicó el estudio del diseño final del proyecto a la empresa Asociación AH Carrizal, por un costo de 10,7 millones de dólares. El Grupo Typsa de España lidera esta asociación.
A partir de la declaratoria de Evo Morales en 2011, dos palabras clave se manejaron recurrentemente: “múltiple” porque el proyecto incluye la construcción de la represa, pero también de una casa de máquinas y un túnel de 22 kilómetros de largo y 5,5 metros de ancho que transportará el agua del río hasta la central, y “riego” porque supuestamente las aguas del embalse serán utilizadas también para este fin. De hecho, fue el componente riego el que comenzó a generar expectativa en los productores.
Como una obra de “gran impacto” en la economía es presentado el megaproyecto hidroeléctrico El Carrizal. A nivel nacional, la promesa del Gobierno es que este proyecto se constituirá en una fuente de ingresos para el Estado a través de la generación y exportación de energía eléctrica. Incluso, en el caso de Chuquisaca, se pretende inscribirlo como una de las obras “estrellas” que se ejecutarán en conmemoración del Bicentenario de creación de Bolivia que será el 6 de agosto de 2025, según señaló el presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Gustavo Cuéllar Vildoso.
Las autoridades opositoras al Gobierno Nacional, como el gobernador saliente de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, también ven con buenos ojos este megaproyecto al que califican como eje de desarrollo. “Vamos a impulsar el megaproyecto de El Carrizal que beneficia, no solo a la provincia Méndez, sino a O’Connor y el Chaco, proyecto de gran impacto para todo el departamento y que está siendo impulsado por el Gobierno”, dijo el exgobernador durante el debate electoral del 26 de febrero, cuando pretendía ser reelecto en el cargo.
En el caso del departamento de Tarija, el proyecto hidroeléctrico es presentado además como una solución integral al problema de la sequía en sus provincias más golpeadas: Méndez, O’Connor y Gran Chaco. El Gobierno Regional del Chaco, al cual pertenece, resalta en susitio oficial que este proyecto “dará una salida definitiva al tema agua”.
Además, tanto el Gobierno Nacional, como los gobiernos regionales, hablan de la generación de empleos, mientras que el presidente ejecutivo de Ende precisó que el principal “impacto positivo” será la contratación de mano de obra local para generar “un efecto directo en la “economía de las comunidades”.
Incompatible para el riego
El informe del Gobierno Regional del Gran Chaco indica que las aguas que salgan del embalse, serán derivadas al río Pilcomayo incrementando “sustancialmente” su caudal en la región chaqueña del departamento de Tarija.
El secretario de Medio Ambiente del Gobierno Regional del Gran Chaco, Gilmo Cardozo, dijo en enero de 2019 que construirán en esa provincia tarijeña canales en ambas márgenes del río Pilcomayo para que las aguas sean conducidas hacia las diferentes comunidades a través de ductos y sistemas de distribución.
A pesar de todas esas declaraciones, el Estudio de Diseño Final realizado por la empresa Asociación AH Carrizal no incluye el componente riego en su diseño.
Para el ingeniero ambiental Iván Arnold Torrez, director de la fundación Naturaleza, Tierra y Vida (Nativa), la idea de que el proyecto hidroeléctrico El Carrizal sirva, a su vez, como un método de riego, no es realista. Según explica, los ríos San Juan del Oro, Camblaya y Pilcomayo, que están conectados entre sí, son “difíciles” de contener por la cantidad de sedimentos que tienen.
De hecho, esa es la razón por la que en la región del Chaco las aguas del río Pilcomayo no se usan para el riego. De hacerlo, los canales “se colmatarían”, dice Arnold.
Ejemplo de ello fue que hace ocho años hubo una crecida del río San Juan del Oro que dejó en los cultivos de la zona por lo menos “dos metros de arena”, recuerda el ambientalista.
Aún así, las autoridades siguen insistiendo en la idea del riego.
“Vamos a tener la hidroeléctrica y podemos regar bastantes hectáreas de lo que es (la región) Los Cintis”, nos dice el presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Gustavo Cuéllar.
Las autoridades del municipio de Culpina también apoyan el proyecto con la esperanza de favorecerse con el riego a pesar de que las tierras cultivables están a mayor altura del cauce del río y en medio de montañas empinadas por donde transportar el agua por canales o tuberías es muy dificultoso.
“Por esa distancia pocas veces se puede trabajar con proyectos de esa envergadura tan grandes”, dice Gustavo Sanabria, docente de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad San Francisco Xavier de Sucre (USFX), ya que “llevar agua de un nivel bajo, 2000 metros sobre el nivel del mar, hasta los 3000 metros implica una gran cantidad de tubería y considerar el bombeo que siempre es un problema”, precisa.
Además, expertos sostienen que es probable que las aguas del río Camblaya estén contaminadas con la producción minera del sur de Potosí.
En 2008, Apolonia Rodríguez, directora de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la USFX de Sucre, señaló en su tesis de maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar que “se puede evidenciar que existe contaminación por arsénico, cadmio, antimonio, plomo en los puntos de Palca Higuera, Quechisla, La Vidriera, Tumusla, Camblaya y Cotagaita”. Todos, afluentes del río Camblaya.
Casi 13 años después, Rodríguez mantiene la postura de que las aguas del río Camblaya “no son aptas para el riego”, porque aunque no hay estudios recientes, en cuanto a la explotación minera en el país “seguimos igual o quizá ha empeorado”, dice la experta.
La situación preocupa a la directora académica porque, además, “no vemos que haya algún reclamo de parte de los afectados”, dice. “Antes había comunidades, representaciones, organizaciones civiles de personas afectadas por la contaminación del río Camblaya que hacían presión social ante los gobernantes”, pero ahora eso “ha disminuido”, asegura.
Nadie sabe cuál es el impacto ambiental
El tema ambiental no es punto de discusión en las reuniones de información. De hecho, en la reunión informativa sobre El Carrizal entre Ende y los asambleístas de Chuquisaca, ninguno de los representantes abordó el tema, ni siquiera los opositores. “Tenemos la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Departamental, justo estamos esperando”, dijo el presidente de la Brigada Parlamentaria Chuquisaqueña, Gustavo Cuellar, sobre la ausencia del secretario de Medioambiente de ese departamento en el encuentro realizado el 22 de febrero.
Wilfredo Aguirre, quien fue alcalde de Culpina entre 2015 y 2020, asegura que en los talleres de socialización del proyecto, el área social de la empresa AH Carrizal les habló del impacto ambiental, pero solo con el anuncio de que iban a realizar un estudio, es decir, “nunca” les comunicaron los resultados, admite la exautoridad.
Pablo Avilés Pérez, por su parte, quien fue secretario de Medio Ambiente de la Gobernación tarijeña hasta el 7 de mayo de 2021, respondió que respecto a los impactos ambientales del proyecto “desconoce” el tema.
Para el director de Nativa, Iván Arnold, “una obra de este tipo siempre va a tener una afectación”, porque genera modificaciones en algunos patrones del microclima local y del hábitat, asegura. Por lo mismo, y sumado al costo ambiental que representan, estos proyectos “deben tener los suficientes justificativos para ser ejecutados”, dice el experto, pero el proyecto El Carrizal “a mí me parece que no tiene una justificación técnica coherente”, apunta.
El ingeniero hidráulico Jaime Villena, coincide con Arnold y asegura que en los países avanzados como Estados Unidos, ya no construyen represas debido a las “exigencias medioambientales”, pues no son “económicamente viables”.
Arnold aclara que, además, hasta ahora no existe un estudio que especifique qué especies, tanto animales como vegetales están presentes en esa zona, por lo que no es posible saber con precisión cuáles serán los impactos medioambientales que acarrearía la construcción del proyecto.
Aún así, ciertas consecuencias son posibles de prever. Por el tamaño del muro de la presa que se levantará en el lugar, Villena niega que se pierda el Cañón de Pilaya, pero sí señala que es probable que deje de ser el sexto más profundo del mundo, pues la distancia entre el espejo de agua y la punta de los cerros se reducirá.
Pero más allá de la posibilidad de perder un lugar en el “top 10” de los cañones más profundos e impactantes del mundo, el hábitat de la zona corre el riesgo de cambiar para siempre.
Allí habita el oso andino o jucumari (Tremarctos ornatus). Incluso en Tarija este animal es considerado, por ley, patrimonio natural del departamento, lo que exige la conservación tanto de la especie como de su hábitat.
También vive en este lugar el cóndor (Vultur gryphus), que al igual que el oso andino se encuentra Vulnerable según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Según el biólogo e investigador asociado al Museo Nacional de Historia Natural, Diego Méndez, en el país habitan 1500 cóndores “que representan el 20% de la población mundial”, y es justamente en este tipo de lugares, como el Cañón de Pilaya, donde se refugian, dice.
En su documento de consulta pública, Ende identifica de manera general los potenciales impactos ambientales del proyecto, entre los que se encuentran la ‘’generación de gases de efecto invernadero por descomposición de material vegetal en el embalse, pérdida de cobertura vegetal, perturbación de fauna acuática, posibles cambios micro climáticos menores en el área del embalse’’, además de otros.
La legislación boliviana asegura el acceso a la información para toda persona natural o colectiva, pública o privada. Fue así que solicitamos a Ende una copia del Estudio de Evaluación e Impacto Ambiental, para conocer el detalle y la magnitud de los impactos ambientales del proyecto hidroeléctrico Carrizal. Sin embargo, hasta la publicación de este reportaje, la empresa no envió la copia solicitada.
Por ahora, el destino de este importante lugar para la conservación de especies que se encuentran amenazadas de extinción es un secreto guardado bajo llave.
Foto de portada: El río Camblaya pasa por el cañón del Pilaya, en el sitio donde se pretende construir el embalse. Foto: Jesús Vargas
Jesús Vargas es licenciado en Comunicación de la Universidad Católica Boliviana-Tarija, con especializaciones en Periodismo para el Desarrollo Latinoamericano y Periodismo Digital en el Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Fue cronista, editor, jefe de informaciones y director en el periódico Nuevo Sur de Tarija, Bolivia. Fue también jefe de Redacción en el Periódico de Tarija. Actualmente es director de Contenidos de la revista digital Verdad con Tinta y uno de los verificadores del proyecto Bolivia Verifica de la Fundación Para el Periodismo.
Luis Alberto Guevara estudió Comunicación Social en la Universidad San Francisco Xavier. Desde 2005 trabaja como periodista en el diario Correo del Sur de Sucre. También dirigió el periódico regional El Cinteño que pasó a mejor vida digital y desde hace tres años está como responsable del diario digital De los Cintis, el periódico de los cinteños. Ha escrito dos libros: El dicharachero culpineño y Revolución en los Cintis 1810-1820 (investigación histórica de la guerra de la Independencia).
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