Este año, las autoridades del Gobierno Guaraní de Charagua y organizaciones ambientales registraron maquinaria pesada realizando desmontes dentro de la Reserva Ñembi Guasu. Estiman que 140.000 hectáreas del área ya están ocupadas por asentamientos y haciendas ganaderas.
Por Rolando Aparicio*/ RAI
“Para la gente que quiere asaltar y asentarse en el área de Ñembi Guasu (Gran Refugio, en guaraní) la pandemia es una oportunidad. Hace dos años que existe una brecha con varios asentamientos en la parte noreste de la reserva. Allí ya se registraron a las comunidades y se hicieron las denuncias, pero en lo que va del 2021 han ensanchado la senda y el desmonte. Ahora estamos hablando de una brecha de 35 kilómetros de largo y 500 metros de tala a cada lado”, explica Juan de Dios Garay, coordinador del área de Ñembi Guasu para la Fundación Nativa, una ONG ambiental que lleva a cabo trabajo de campo en la zona del Chaco hace más de 20 años.
Nativa estuvo a fines de enero en la zona y registró en fotografías la actividad de una maquinaria realizando desmonte. Esta denuncia fue confirmada por autoridades de la Asamblea del Pueblo Guaraní, la máxima instancia de representación social y política del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (Gaioc) del municipio de Charagua. “Hemos visto estos asentamientos y sabemos que están aprovechando la pandemia para seguir entrando”, afirma José Ávila, Director de Áreas Protegidas de ‘’Charagua Iyambae’’, quien también realizó una visita con varias autoridades a la zona el 28 y 29 de octubre de 2020.
“Además de esta situación, el mismo mes (enero) pudimos comprobar que existe la obra de un puente que se está realizando en la zona de Bajo Isoso y que beneficiaría a unas colonias menonitas que compraron un predio privado ya en el límite con el parque Kaa Iya. La obra no tiene letrero ni ninguna identificación. Este puente es un peligro porque fomenta los avasallamientos en dirección al área protegida”, agrega Ávila.
Los pobladores de la comunidad de Kuarirenda confirmaron que la obra está en ejecución y que el puente atraviesa el río Parapetí. Tanto Nativa como las autoridades del Gobierno Indígena, reiteran que se hicieron las denuncias ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), pero nunca tuvieron una respuesta formal.
“Todas estas fiscalizaciones se deberían hacer con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la ABT, pero ellos se deslindan de sus responsabilidades, al contrario, siguen otorgando permisos para asentamientos y desmontes”, comenta Garay. En el mismo sentido, Ávila anuncia que el gobierno indígena autónomo tomará medidas: “El mismo ninguneo pasa a nivel ejecutivo. Las entidades nacionales no hacen caso a nuestra autonomía y el gobierno nacional no nos da un marco jurídico necesario. Por eso y porque sabemos que este año será crucial para la lucha por consolidar nuestro territorio, desde la Asamblea de la Nación Guaraní ya estamos terminando nuestra propia ley de manejo de áreas protegidas”.
Y las denuncias se suman. Ya que, de acuerdo con Reynaldo Cuellar, asambleísta de la Nación Guaraní y representante de Ñembi Guasu en el último recorrido (en diciembre de 2020) que realizó junto a sus colegas: “llegamos a un nuevo desmonte en donde había movilidades y algunos campamentos y ya estaban abriendo senda y estableciendo parcelas, como si fueran propietarios de la tierra”. Si bien Cuellar explica que se realizó la denuncia y que estas personas abandonaron el lugar, agrega: ‘El peligro es constante. Por eso, con pandemia y todo nosotros seguimos yendo, pero nosotros solos no podemos hacer nada, necesitamos coordinar con las autoridades nacionales, pero eso no logramos”.
Al ser alertado de estas denuncias (incluyendo la muestra del registro fotográfico y otros documentos) el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, se excusó de “emitir un criterio técnico o jurídico”. Núñez se comprometió: “Con esta información averiguaré en el INRA, ABT y Sernap”. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no recibimos una respuesta de parte suya. De la misma manera, desde la Red Ambiental de Información buscamos contactarnos vía telefónica con el director ejecutivo de la ABT, Omar Quiroga, quien no estuvo disponible para brindar su contraparte.
La lucha de la primera autonomía indígena en Bolivia
Con 74.424 km2, el municipio cruceño de Charagua es el más grande de Bolivia (la superficie de todo el departamento de Cochabamba es de 55.631 km2), ocupa más del 80% de la provincia Cordillera y buena parte del Gran Chaco boliviano. Luego de la refundación de Bolivia como un Estado Plurinacional en 2009, la nación guaraní, representada por más de 100 comunidades del municipio, inició un largo camino hasta lograr el hito histórico de convertirse en Charagua Iyambae: la primera Autonomía Indígena reconocida por la Constitución Política del Estado, en enero de 2017.
Dentro de su territorio autónomo, Charagua alberga algunas de las reservas naturales más importantes que tiene el país, como el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Kaa Iya, el Parque Nacional y ANMI Otuquis y el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu. Esta última, establecida en 2019, es el área de conservación más joven de Bolivia y la primera reserva natural consolidada por un gobierno indígena.
Al estar conectados, estos tres parques generan un corredor de conservación de más de seis millones de hectáreas al sureste del país. Constituyéndose en un espacio natural de relevancia mundial debido a su elevada biodiversidad, no solo de flora y fauna, sino también en climas y suelos, que van desde el Bosque Seco Chiquitano y el Chaco hasta los humedales del Pantanal. Otro aspecto fundamental es que esta zona es el territorio de comunidades ayoreas no contactadas y que permanecen en aislamiento voluntario (resguardados por la Ley Nacional de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
A pesar de esto, según el registro oficial de comunidades y asentamientos de la Dirección General de Administración de Tierras del INRA, hasta el 2019, existían 81 comunidades cuyas autorizaciones y superficies se sobreponen con Ñembi Guasu. Si bien la mayoría de estos asentamientos datan de 2017 y 2018 (anteriores a la creación de esta reserva), para aquel entonces este territorio ya estaba en proceso de saneamiento y en trámite para ser parte de la autonomía de la Nación Guaraní (consolidada en enero de 2017).
Según el informe ‘’Situación de la Tierra en Ñembi Guasu’’, elaborado por la Fundación Natura Bolivia el 2019 (en etapa de publicación), el 9% del territorio de esta reserva ya fue titulado por el INRA. Esto significa que 103,402 hectáreas del parque fueron concedidas para asentamientos y 35,730 hectáreas están en proceso de titulación. Eso ya representaría un 12% del parque. “Esto hablando solo de asentamientos legales y sin tener en cuenta los nuevos asentamientos que se están denunciando”, explica María Teresa Vargas, directora de la fundación, quien agrega: “En realidad en la zona no llegan a estar ni un 10% de esas comunidades. Esas tierras no se las están dando a campesinos que necesitan tierra para trabajar, sino que se las están usando para especular con su valor a futuro”.
En un recorrido por la zona, realizado a finales de 2019, el equipo de esta investigación pudo corroborar los asentamientos que avanzan hacia el lado Este del parque desde su límite con el municipio de Carmen Rivero Torrez. Allí, desviándose de la carretera por una brecha de tierra, se encuentran letreros y árboles marcados con nombres de comunidades donde no hay más que monte y hierba alta. En otros casos, están algunos miembros de las comunidades en la zona y se observan algunos cultivos.
“Varios estudios coinciden, el 2012 los datos hablan de mínimos asentamientos en la zona. Al contrario, en la actualidad alrededor del 10% de Ñembi Guasu se encuentra ya titulado a favor de comunidades y propiedades privadas. Además, 150.000 hectáreas han sido distribuidas a nuevos asentamientos desde el 2015. Este es un gravísimo daño fomentado desde el gobierno nacional contra la autonomía indígena”, afirma Alcides Vadillo, director regional de Fundación Tierra.
El registro oficial del INRA confirma lo descrito por Vargas y Vadillo: la suma de las 81 comunidades con asentamientos dentro del parque sobrepasa las 140.000 hectáreas. Por su parte, Ronal Andrés Cariaca, autoridad máxima del gobierno de Charagua Iyambae indica que “La información que tenemos nosotros es que se ha dado autorización de asentamientos sobre 128.000 hectáreas, y que son alrededor de 70 comunidades”.
En octubre de 2020, Caraica y un grupo de autoridades de Charagua y Roboré hicieron un recorrido por la reserva. “Se pudo constatar que persisten asentamientos y desmontes al interior del área protegida (…) al límite con el municipio de Carmen Rivero, donde existen varias comunidades asentadas, aparentemente, con algún tipo de autorización”, constata el informe de dicho recorrido.
“Meses atrás, junto con la ABT realizamos una inspección por la zona de los asentamientos y encontramos maquinaria trabajando dentro del parque. La ABT confiscó el tractor, incluso se sacaban fotos mientras hacían la confiscación. Al dueño de la máquina le dijeron que él debía mostrar su permiso de desmonte para recuperar su tractor. En el recorrido que hice en enero (del año 2021) ahí estaba de nuevo el mismo tractor trabajando. Eso quiere decir que la ABT está dando permisos de desmonte dentro del parque”, insiste Garay, quien deja notar su inconformidad en cuanto al accionar de las instituciones nacionales.
En el 2019 (con la salida del gobierno de Evo Morales) aparecieron muchas denuncias contra el accionar de los últimos 14 años y discursos que hablaban de recuperar las tierras y revertir los asentamientos. “De manera lamentable, lo que registramos es que el INRA, durante el gobierno de transición (2019-2020), hizo inspección a solo 20 comunidades y observaron la dotación de 13, eso fue todo. Encima después ese gobierno consolidó grandes propiedades usando los métodos que antes criticaba”, cuenta Vadillo. Por su parte, el asambleísta Cuéllar explica que “se siguió con lo mismo, nada cambió”, mientras que Ávila explica que “por la pandemia el año 2020 fue un año perdido en ese sentido”.
Si bien los asentamientos de estas comunidades, con el aval del INRA se llevan todos los titulares, otro gran daño es el que hacen los hacendados y ganaderos de la zona quienes también realizan grandes desmontes avalados por el gobierno nacional.
La ganadería a gran escala, los otros avasalladores
Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2020, la población de Charagua era de 40.000 habitantes. A su vez, el último censo agropecuario realizado el año 2013, contabilizó 200.240 cabezas de ganado bovino en el municipio.
Una investigación realizada por Pere Morell, doctor en antropología con varios años de trabajo en Charagua, encontró que “pese a representar más del 70% de la población rural de Charagua Iyambae, las más de 100 comunidades rurales guaraníes poseen tan solo el 12% del total de ganado bovino”. Basado en números del Plan de Gestión Territorial Comunitario (PGTC) del 2019, Morell indica: “En contraste, el 68% de ganado es acaparado por la minoría propietaria de las haciendas ganaderas de Charagua Iyambae (400 entre pequeñas, medianas y grandes propiedades)”, que serían propiedad de empresas o hacendados que viven en Charagua Pueblo o en Santa Cruz de la Sierra.
“En lo que respecta al 20% restante, este es controlado por un nuevo actor que aparecerá a mitades de los años 80s a través de la compra de viejas haciendas karai (blanco, no guaraní) en decadencia: los menonitas”, sigue su artículo.
Esta tendencia de centralización de la producción en manos de los grandes hacendados y en desmedro de los pequeños productores, a la que hace referencia Morell, se ha visto profundizada en los últimos años. Según documentos de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), solo entre 2016 y 2018, se entregaron dictámenes técnicos y permisos ejecutoriales (entregados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques) a 129 predios ganaderos en Charagua, de los cuales 55 corresponden a haciendas de escala empresarial, 44 a escala mediana, 23 a escala pequeña y apenas cinco a comunidades.
Según Morell, en la actualidad “la ganadería ocupa el 57% de la tierra destinada a fines productivos y concentra el 82% de la demanda total de agua. Pero además, la ganadería también tiene impactos sobre la agricultura, orientada mayormente a la comercialización y el monocultivo: entre los años 2011 y 2012 hasta un 68% del total de la producción agrícola de Charagua Iyambae fue sorgo forrajero utilizado para la alimentación de las vacas”.
“Tenemos conocimiento de presiones sobre el territorio de la nación guaraní por parte de una federación de ganaderos del municipio de Cabezas y de otro grupo de ganaderos que está entrando desde Pailón, quienes están consolidando cada vez más tierras ya casi al límite de las áreas protegidas de Charagua (Kaa Iya, Ñembi Guasu, Otuquis)”, advierte Vadillo, quien continúa: “Es una lástima que sigamos hablando del avasallamiento a la Nación Guaraní y ninguna instancia del gobierno nacional actúe. La autonomía indígena de Charagua incluso ya pagó el saneamiento de sus tierras y sin embargo las autoridades nacionales no respetan su soberanía y siguen entregando títulos a nuevas colonias en vez de ayudar a consolidar esa que es la primera autonomía indígena del país”.
“Las vacas jugaron un rol determinante a la hora de afianzar sobre el terreno la colonización de una región que, gracias a la belicosidad guaraní, logró mantenerse libre del tutelaje directo de la administración colonial española (…). Lenta pero implacablemente, las vacas irían ocupando el territorio guaraní en la medida que, literalmente, se comen sus cultivos asentados fundamentalmente en el maíz o avati, en un proceso de colonización física pero también cultural y simbólica”, describe Morell.
Los últimos meses la vulneración de áreas protegidas se ha visto en crecimiento, así como las denuncias de activistas y organizaciones ambientales. En Ñembi Guasu, más allá de las denuncias de tráfico de tierra y de favoritismo político a la hora de la entrega de tierras, los interculturales son en muchos casos campesinos para quienes la llegada a estas zonas de altas temperaturas y difícil acceso es un calvario. No es el caso de la ganadería que, como se puede ver en los registros, en su mayoría son grandes hacendados que aprovechan las fallas (o complicidad) del gobierno para expandirse sobre territorios forestales o áreas protegidas.
Las máximas autoridades del INRA y de la ABT no dan respuestas y su falta de accionar se hunde entre denuncias de los gobiernos locales, las organizaciones ambientales y los casos ya comprobados de desmonte y destrucción en áreas de conservación.
La primera autonomía indígena de Bolivia sufre el avasallamiento de su territorio. Sus pobladores, todavía con la devastación de los fuegos de 2019 en la memoria –cuando se quemaron por lo menos 200.000 hectáreas-, esperan que este incremento de asentamientos no signifique otra tragedia en su ‘’Gran Refugio’’ en la próxima temporada de chaqueos.
(*Este reportaje fue elaborado con la colaboración de la Escuela de Periodismo Indígena – EPI)
Foto de portada: Nuevos desmontes en el límite Este del área protegida Ñembi Guasu. Foto: Juan de Dios Garay / Fundación Nativa
Rolando Aparicio es periodista y fotógrafo independiente graduado de la Universidad de Belgrano – UB, Argentina. Colabora de forma permanente con medios como Hecho en Buenos Aires, El Deber, Street Sense, Muy Waso y ha trabajado como investigador con el International Center For Journalists (ICFJ) y la International Network of Street Papers.
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